Desde diversas ópticas, el proceder de los jueces de México está siendo cuestionado, tanto con relación a las políticas públicas como en litigios comerciales.

HOUSTON, TEXAS, UNITED STATES, March 26, 2021 /EINPresswire.com/ — La conducta, la autoridad y el discernimiento de los miembros del poder judicial mexicano están siendo cuestionadas en México y en el extranjero desde diversas ópticas.

El 9 de marzo se promulgó en México una reforma a la LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA que ha puesto en jaque a los actores económicos y políticos. La ley modifica el marco de despacho de la electricidad al poner a la empresa eléctrica estatal a la cabeza de la fila y a los generadores eólicos y solares al final. Los inversionistas solicitaron a los tribunales medidas cautelares y suspensiones definitivas.

(Una medida cautelar es un orden judicial dirigido a asegurar los derechos de una persona ante el acto reclamado durante la tramitación de un litigio. Una suspensión definitiva es la detención o inejecución de una orden judicial mientras se estudia su constitucionalidad).

El 11 de marzo, Juan Pablo Gómez Fierro, juez federal en materia de competencia económica, ordenó la suspensión temporal de la ley, le han seguido varios jueces más advirtiendo que se vulneran los más elementales derechos humanos con la aprobación de esta ley.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó el fallo. En su conferencia de prensa del 12 de marzo, renovó sus críticas a la Reforma Energética de 2013-14 por haber favorecido a los extranjeros a costa del interés nacional. “Sería una barbaridad que se demostrara que se han instalado jueces para proteger los intereses de los extranjeros por encima de los del país”. Adelantó que pedirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que investigue la conducta del juez Gómez Fierro.

El lunes 15 de marzo, durante su conferencia de prensa matutina, leyó en voz alta su carta dirigida a Arturo Zaldívar, titular del CJF, en la que pidió una investigación.

Ante la suspensión definitiva de la ley el 23 marzo, durante su conferencia de prensa el 26 de marzo fueron criticados los jueces por haberse equivocado al no haber tomado en cuenta los subsidios del gobierno que no permiten un piso parejo de competencia económica. La controversia irá a la Suprema Corte, insiste.

En los tiempos recientes, los jueces, lamentablemente, han estado en la mira de las organizaciones criminales. El 16 de junio de 2020, sicarios asesinaron al juez Uriel Villegas y a su esposa, Verónica Barajas, dentro de su propia casa en Colima y frente a sus dos hijas de 3 y 7 años. El juez había presidido casos de narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y robo de combustible. Sus decisiones habían promovido el traslado de presuntos criminales a prisiones de máxima seguridad, e incluso su extradición hacia los Estados Unidos, siendo el más emblemático el del “Menchito”, heredero del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También existen jueces que han estado implicados en actividades delictivas: Isidro Avelar Gutiérrez es un ex juez que está vinculado al CJNG. En mayo de 2019, tras ser investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue incluido en la lista negra por tener vínculos con ese cártel. Actualmente está encarcelado y se le acusa de enriquecimiento ilícito, y los cargos podrían ampliarse a delincuencia organizada y lavado de dinero. Durante el período que fungió como juzgador, abusó de suspensiones de amparo y medidas cautelares en beneficio de miembros de bandas delictivas.

En Mexico, se está investigando el proceder de una red de jueces mexicanos que otorgan suspensiones y medidas cautelares en beneficio de empresas cuya sede se encuentra principalmente fuera de Mexico, a través de despachos afines a dichos juzgadores.

En Estados Unidos, se esté investigando el proceder de Alejandro Dzib Sotelo, juez del Quinto Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México. En 2019 él autorizó la sustitución irregular de la tripulación de un buque de tipo compresor de gas, en servicio de Pemex, y el operador del cual era TRESE, S.A. de C.V., un contratista mexicano. A la solicitud de Coastal Contracts, Bhd, de Malasia, el juez permitió que una tripulación de X-Drill Holdings, Ltd, de Houston, realizar los trabajos de operación y mantenimiento que venía haciendo TRESE, el titular de las licencias y autorizaciones federales. Luego, tras una serie de suspensiones, el camino a una resolución se alarga. En el medio de este asunto están los bancos CI Banco de Mexico y UOB de Singapur.

A los inversionistas extranjeros, entre muchos otros, les inquieta la filosofía del derecho de AMLO, expresada varias veces durante sus conferencias de prensa, de que “si tuviera que elegir entre la justicia y la ley, elegiría la justicia.”

El juez Zaldivar tendrá que enfrentarse al presidente y a la comunidad internacional es el mismo Arturo Zaldívar, que también es presidente de la Suprema Corte. El 12 de marzo, en respuesta a los señalamientos de AMLO, publicó un tuit dirigido a 180 mil seguidores en el que decía que los jueces actúan con independencia. El 15 de marzo, en respuesta a AMLO (de nuevo en Twitter) dijo que la denuncia de la conducta del juez Gómez Fierro sería debidamente evaluada.

En su carrera, el juez Zaldívar ha demostrado que sabe encontrar una solución que salve la cara de las partes en conflicto. Sin embargo, para los inversionistas, contratistas y otros, la situación va más allá de salvar la cara. Se trata de salvar mucho más: el capital invertido, la liquidez de las empresas, el medio ambiente y la salud pública, amén el Estado de derecho. También, la corte tendrá que definir “piso parejo” en relación a la competencia económica entre la CFE y los particulares.

El reto del Magistrado Zaldivar es discernir los amparos, suspensiones y medidas cautelares que apoyan el orden público y el interés social. Es él que estará en la mira ante el público nacional e internacional.

George Baker
Mexico Energy Intelligence™
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